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Autor: ADC

Elon Musk, Twitter y el absolutismo de la libertad de expresión

ADC | 28/04/2022

Elon Musk, Twitter y el absolutismo de la libertad de expresión

Jack Dorsey, cofundador de Twitter, se pronunció sobre la probable venta de la compañía a Elon Musk mediante el posteo de una canción de Radiohead llamada “Everything in Its Right Place”. El título afirma que todo está en su debido lugar, pero en realidad la canción evoca sentimientos de depresión y confusión. Aparentemente las cosas no están tan bien como parecen. Y es que la noticia ha causado controversia debido a la incertidumbre sobre los planes de Musk para la plataforma.

Hay varios aspectos que merecen atención. Por un lado, el empresario sudafricano ha manifestado que le parece una buena idea autenticar a todos los humanos, lo cual trae peligro para el anonimato en su plataforma. Por el otro, no existe certeza sobre el modo en que la nueva dirección utilizará los datos y la información privada de las personas usuarias. Sin embargo, el tema más controversial fue la posición del posible futuro dueño de Twitter sobre la moderación de contenido.

Autoproclamado un “absolutista de la libertad de expresión”, Musk ha sido crítico de las políticas de moderación de contenido de las plataformas por ser restrictivas con el contenido que circula. Estas declaraciones han abierto paso a hipótesis sobre un Twitter más indulgente para permitir el posteo de expresiones hostiles o el retorno de personalidades expulsadas como el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump. 

Hasta el momento hay mucha especulación y poca certeza. Pero de las opiniones de Musk podemos detectar ciertas confusiones acerca de la caracterización de la libertad de expresión y la función de la moderación de contenido en plataformas digitales.

En primer lugar -y tal como lo afirmó Musk- la libertad de expresión es un derecho que merece una protección especial debido a su importancia para la democracia. Pero esto no implica que sea necesario transformarse en absolutista. La libertad de expresión puede entrar en conflicto con otros valores -la igualdad, la dignidad o la no discriminación-. Una postura absolutista no estaría en condiciones de reconocer este hecho. Y aun cuando en la gran mayoría de estas controversias la respuesta adecuada sea favorecer la libertad de expresión, esto no significa que haya que desconocer los problemas que fenómenos como el discurso violento o la desinformación pueden causar a grupos o al debate público.

En segundo lugar, la moderación de contenido es una actividad necesaria para el normal funcionamiento de una red social. Tal es así que a veces suele afirmarse que el producto principal ofrecido por las plataformas es la propia moderación de contenido -y la experiencia resultante de dicha labor para las personas usuarias-. Así sea para evitar que contenido spam o material relacionado con explotación sexual infantil aparezca en sus redes, las empresas tienen que moderar. Asimismo, la moderación de contenido es requerida para evitar ataques contra minorías, disidentes políticos y personas en situación de vulnerabilidad en general. Es cierto que hasta el momento las compañías han demostrado deficiencias en términos de transparencia, debido proceso o legitimidad. Pero esto significa que la moderación de contenido debería sujetarse a estándares de derechos humanos, no eliminarse. En oposición a esto, parece ser que Musk quiere, como dice la conocida frase, tirar todo a la basura.

Por último, Musk aclaró su postura y afirmó que su intención es permitir todo discurso que ya esté habilitado por la ley. Sin embargo, no especificó de qué ley está hablando. ¿Es la norteamericana, que brinda una protección a la libertad de expresión más amplia que en otros lugares? ¿Es la europea que cuenta con estándares más restringidos? ¿Son los estándares del sistema universal de derechos humanos o aquéllos de los sistemas regionales? La variedad de regímenes legales otorga un poder bastante discrecional a Musk -y para el caso, a todos los dueños de plataformas-. De este modo, existe el riesgo de que estas personas definan primero (de acuerdo con sus preferencias personales o intereses) de qué modo quieren decidir un conflicto y luego opten por la legislación que le permita apoyar la decisión tomada de antemano.

El absolutismo es un concepto utilizado para caracterizar aquellos regímenes políticos en donde el gobernante no está sujeto a ningún límite institucional. Más allá de si finalmente Elon Musk será el dueño de Twitter o no, las últimas novedades ratifican esta conclusión: a pesar de las discusiones de los últimos años, todavía no sabemos cómo lidiar institucionalmente con el poder que figuras privadas tienen para controlar los espacios en donde circula el discurso en línea.

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El discurso hostil hacia las figuras políticas

ADC | 22/04/2022

El discurso hostil hacia las figuras políticas

Ofelia Fernández y Elisa Carrió son dos políticas argentinas que están muy alejadas entre sí en términos ideológicos. Sin embargo, comparten una característica en común: ambas han sido objeto de insultos en redes sociales en razón de su género, aspecto físico o peso corporal. La alta exposición mediática de ellas1 las ha puesto en la mira de ataques personales que se retroalimentan por la actual dinámica política argentina.

Dedicarse a la política implica exponerse a recibir críticas todo el tiempo. Incluso en sociedades con bajos niveles de conflicto, tener un cargo público supone por definición que habrá mucha gente que estará disconforme con tu trabajo. En momentos de alta polarización, la situación se agrava. La imagen ideal en donde las personas reclaman a sus representantes en base a argumentos se desvanece rápidamente. Los cuestionamientos se transforman en insultos. Las descalificaciones basadas en características personales de la figura política reemplazan al debate razonado. 

Es legítimo lamentarse por esta supuesta degradación del debate político. Pero en principio es inconcebible pretender imponer sanción alguna. Las figuras políticas tienen el deber de ser más tolerantes que una persona común frente a la crítica. Hay varios motivos para justificar esta distinción. Por un lado, las personas que ejercen funciones públicas se han expuesto voluntariamente a esta situación. Ellos han decidido trabajar de cara al ojo público.

Por otro lado, las figuras políticas tienen un gran poder de convocatoria. Ellas no solo tienen haters sino también personas que las apoyan fervientemente. Volvamos a los casos del inicio. Ofelia Fernández es una política muy popular para un sector importante de la sociedad argentina. De hecho, ha sido elegida por una conocida revista como una de las líderes de la próxima generación. Por el lado de Elisa Carrió, la situación es similar. En su momento, los niveles de popularidad de la exlegisladora eran de los más altos del país. Las personas que ocupan un cargo público cuentan con una mayor influencia social y acceso a los medios para responder a cualquier cuestionamiento.

Ahora bien, el mismo sistema interamericano de derechos humanos nos recuerda que las figuras políticas también tienen derecho al honor cuando sean objeto de ataques injustificados contra su persona. En este sentido, conviene recordar que desde los estudios feministas se ha puesto de relieve el fenómeno de la violencia política de género. De acuerdo a este enfoque, las agresiones a políticas mujeres o pertenecientes a otros grupos históricamente excluidos tendrían un efecto silenciador de la libertad de expresión. El motivo es que este tipo de ataques constantes denigran el valor y la dignidad de estos colectivos. Y como resultado, sus miembros pueden verse inhibidos a involucrarse activamente en la actividad política.

Según esta visión, no es únicamente Fernández o Carrió quienes se ven afectadas por los insultos recibidos. Son las miles de mujeres que son testigos de esos ataques y que tienen la sensación de que la política es un ámbito en el cual si sos mujer, vas a recibir insultos y agresiones por lo que es recomendable dedicarse a otra cosa.

Cómo enfrentar el discurso violento hacia figuras políticas sin perjudicar la libertad de expresión es todo un desafío. Los estándares judiciales nos dicen que las soluciones deben ser diseñadas bajo principios de pluralismo democrático y sin generar riesgos de autocensura. En el caso de las redes sociales, el informe “Violencia política de género en internet” del consorcio AlSur nos brinda algunas pautas más concretas. Allí, por ejemplo, se recomienda a las plataformas que ofrezcan mecanismos de denuncia accesibles que incluyan una clasificación de violencia política y violencia política de género, y que produzcan informes periódicos con información sobre qué tipo de publicaciones son reportadas y cuáles son eliminadas. 

En síntesis, una estrategia no centrada en el castigo de la expresión sino en la difusión del problema y el apoyo a las víctimas de violencia parece ser una vía digna de ser explorada ya que respeta todos los derechos en juego.

1 https://www.youtube.com/watch?v=2iCWPFuT9n0

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Cuando la política se convierte en troll

ADC | 08/04/2022

Cuando la política se convierte en troll

Cuando la política se convierte en troll

Como dice Mike Tyson: “Todo el mundo tiene un plan hasta que reciben un golpe en la boca”. Twitter, Facebook y Youtube tenían un plan para lidiar con los discursos violentos que las personas suelen propagar en sus plataformas. Donald Trump fue el golpe en la boca. Que el ex presidente de los Estados Unidos haya sido uno de los principales propagadores de discurso violento en las redes fue un fenómeno que sobrepasó a las plataformas. Su calidad de figura política era un factor que dificultó cualquier decisión sobre cómo enfrentar los insultos y mentiras publicadas en sus cuentas. Luego de diversas idas y vueltas acerca de cómo lidiar con los posteos de Trump, el asalto al Capitolio unificó el criterio. Las plataformas decidieron suspender y/o expulsar al expresidente para impedirle que continúe instigando a su público. 

Esta decisión fue criticada desde puntos de vista opuestos. Por un lado, fue reprobada por tardía. Se dijo que hubo varias instancias anteriores en las cuales las compañías podrían haber intervenido antes de que las cosas pasaran a mayores. Para esta postura, la prohibición debió haber llegado mucho antes. Al mismo tiempo, esta decisión también fue cuestionada por antidemocrática. Se señaló lo preocupante de que un puñado de actores privados haya expulsado a un líder político del principal espacio de comunicación de estos tiempos. De acuerdo a esta visión, la prohibición quizás no haya tenido que llegar nunca.

Trump fue el caso más extremo y peligroso, pero existen numerosos ejemplos de personas que ejerciendo una función pública han emitido discursos violentos. Nuestro país no es la excepción. En julio de 2021 se difundió un video de policías de la Provincia de Chubut cantando contra personas del movimiento piquetero. El por entonces ministro de seguridad de la provincia, Federico Massoni, publicó un tuit en donde reforzaba ciertos estereotipos contra quienes integraban esas organizaciones sociales. El ex ministro relativizó la conducta de la policía y recurrió a distinciones entre un “ellos” (piqueteros y piqueteras) y un “nosotros” (la ciudadanía) que suelen ser típicas de manifestaciones hostiles. 

Parece haber diferencias claras entre el impacto causado por el comportamiento de Trump y Massoni. Tal como lo describe el académico Richard L. Hasen en su libro, el expresidente de Estados Unidos emprendió una serie continua de ataques al sistema electoral de su país que ayudó a impulsar una insurrección violenta en el Congreso. Por el contrario, las declaraciones de Massoni no superaron el nivel de exabruptos sin consecuencias evidentes en la realidad. Desde una perspectiva de derechos, no es aconsejable equiparar ambas situaciones. La regla debería ser que medidas extremas como la expulsión de redes sociales solo debería tomarse en circunstancias excepcionales. En ese sentido, el diferente tratamiento a ambos casos está justificado.

Ahora bien, una crítica común a las decisiones privadas sobre moderación de contenido es su carácter ad hoc. Por ejemplo, la decisión de suspender a Trump llegó cuando la presión en EEUU para que las plataformas implementen esa medida era demasiado grande. Las plataformas tienen varios incentivos económicos para mostrarse receptivos a las demandas de las personas que usan sus servicios. Si existe un grupo lo suficientemente grande y activo requiriendo una determinada medida, es muy probable que la compañía cumpla con ese pedido. Desde esta perspectiva, quizás la distinción entre Trump y Massoni no se basó en una cuestión de principios sino en el hecho de que mucha gente pidió -probablemente de manera justificada- la expulsión del expresidente norteamericano mientras que las declaraciones del ex ministro chubutense no interesaron a casi nadie. 

La moderación de contenido tiene varios retos. Uno de los principales es demostrar que las decisiones tomadas por las compañías respecto a mensajes de figuras políticas no están influenciadas por conveniencias sociales o económicas. Quizás el fenómeno Trump fue realmente un hecho que descolocó por completo cualquier intento de recurrir a reglas previas. Sin embargo, esa imprevisibilidad no existe más. Cada vez hay menos razones para no exigir de las compañías decisiones fundadas en principios o estándares diseñados de manera coherente y general.

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Moderar contenido es difícil. Cuando hay políticos en el medio, más

ADC | 01/04/2022

Moderar contenido es difícil. Cuando hay políticos en el medio, más

Moderar contenido es difícil. Cuando hay políticos en el medio, más

Las redes sociales son uno de los medios por los cuales la política y la ciudadanía dialogan y se mantienen en contacto. Tanto es así que hoy en día referentes políticos efectúan anuncios de gran importancia a través de sus cuentas oficiales de Twitter, Instagram y YouTube, entre otras. Allí no solo informan sobre sus actos de gobierno, sino que también reciben comentarios, reclamos o quejas de sus seguidores.

Es cierto que esta interacción está lejos de ser perfecta en términos de calidad de la conversación. Por un lado, no hay certeza de que sean los mismos políticos o políticas quienes manejan sus cuentas. Más bien es posible que detrás de muchas de ellas se encuentren community managers que están a cargo de publicar los posteos y revisar las respuestas. Por otro lado, el formato dificulta que se lleve a cabo un intercambio continuo, razonado y profundo. En este sentido, los encuentros presenciales siguen llevando la ventaja.

Si bien el discurso violento no es un fenómeno reciente, el crecimiento de las redes sociales permitió que su ejercicio se extienda a nuevas dimensiones. Este ámbito tiene características únicas, principalmente vinculadas a la inmediatez de las comunicaciones, la amplitud del alcance y la facilidad con la que se permite a la ciudadanía participar. Sin perjuicio de los diversos beneficios que trae para el debate político en el sistema democrático, estos ámbitos permiten que los discursos violentos tengan un alcance más amplio.

El vínculo entre representantes y personas representadas es una preocupación constante para toda democracia. Votar cada cuatro o dos años no parece ser una medida suficiente para que la ciudadanía pueda controlar y exigir explicaciones a sus gobernantes. Las personas deberían estar en comunicación permanente con las autoridades para que el ideal del autogobierno tenga probabilidades de realizarse plena o parcialmente.

Sin embargo, esto se ve opacado cuando ciertas discusiones en redes sociales que tienen como protagonistas a figuras políticas adquieren un tono violento. Los funcionarios y funcionarias en muchas oportunidades son receptores de amenazas, insultos o descalificaciones de alta intensidad. Pero a veces ellos y ellas también emiten esta clase de mensajes. Frente a este panorama, existe un debate en vigencia acerca de cuál es la mejor forma de abordar esta situación desde el punto de vista normativo.

Existe un principio bastante arraigado de que las personas que ocupan cargos públicos deben soportar un mayor nivel de cuestionamientos que una persona común. El motivo es la necesidad de preservar un ambiente que incentive la expresión ciudadana en asuntos públicos. A través de la garantía de que sus críticas no se verán amenazadas de sanción, las personas no tendrán temor de manifestar sus opiniones sobre sus representantes. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esas críticas se refieren a, por ejemplo, el género o el peso corporal del político o política? Uno podría replicar que la protección de la ley no debería extenderse a descalificaciones personales. 

Si miramos el otro lado de la moneda, nuestras intuiciones nos dicen rápidamente que sancionar o restringir el mensaje de una persona vinculada a la política debe ser considerado un ejemplo claro de censura. Además, es una medida que afecta de manera central la capacidad de la ciudadanía de acceder a lo que piensan sus representantes. Sin embargo, ¿qué sucede cuando quien lidera un espacio político emite discursos que afectan la dignidad o seguridad de una persona o de un grupo determinado? Otra vez uno podría argumentar que estos casos merecen un tratamiento específico y diferente a la regla general.

Dilemas de este estilo se han vuelto habituales en la moderación de contenido. Si la solución es compleja, la única forma de generar legitimidad por parte de las compañías es demostrar que sus decisiones no están basadas en conveniencias políticas o en la presión del momento. Por lo tanto, las plataformas deben continuar sus esfuerzos por desarrollar procesos de toma de decisiones que sean consecuentes y estables.

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Datos personales, vigilancia estatal y discriminación

ADC | 20/10/2021

Datos personales, vigilancia estatal y discriminación

¿Qué es el ciberpatrullaje?

El ciberpatrullaje en la Argentina

¿Qué es el reconocimiento facial?

Pero… ¿y entonces qué?

  • Legalidad, equidad y transparencia: el procesamiento debe ser legal, justo y transparente para las personas interesadas.
  • Limitación del propósito: debe procesar los datos para los fines legítimos especificados explícitamente a la persona interesada cuando los recopiló.
  • Minimización de datos: debe recopilar y procesar solo la cantidad de datos que sea absolutamente necesaria para los fines especificados.
  • Precisión: debe mantener los datos personales precisos y actualizados.
  • Limitación de almacenamiento: solo puede almacenar datos de identificación personal durante el tiempo que sea necesario para el propósito especificado.
  • Integridad y confidencialidad: el procesamiento debe realizarse de tal manera que se garantice la seguridad, integridad y confidencialidad adecuadas (por ejemplo, mediante el uso de cifrado).
  • Responsabilidad: el controlador de datos es responsable de poder demostrar el cumplimiento de la norma con todos estos principios.
  • Las personas deberían supervisar los sistemas de IA y los algoritmos deberían ser abiertos.
  • Hay que oponerse a las bases de datos privadas de reconocimiento facial, la vigilancia del comportamiento y la puntuación ciudadana.
  • El reconocimiento automático no debe utilizarse para el control de fronteras o en espacios públicos.
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