La relación entre derechos humanos e internet es quizá uno de los grandes retos que debemos afrontar como sociedad en búsqueda de libertades y mejores condiciones de vida. Como humanidad bregamos por el reconocimiento y cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo y esto es una tarea permanente. Sin embargo, con el establecimiento del internet, se vuelve cada vez más urgente que se garantice el pleno acceso a la información, pues como indica el adagio: el conocimiento es poder.

En noviembre de 2022 la app Mi Argentina fue elegida como la mejor solución en la categoría “Transformación digital” de Latinoamérica y el Caribe, y recibió el premio a la Excelencia en Gobierno digital 2022 (ExcelGOB) durante la séptima Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las Américas, y el decimosexto encuentro de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC). Este reconocimiento permite conocer y sistematizar lo más innovador que se realiza en la región en materia de gobierno digital, siendo un aliciente para todas las iniciativas basadas en accesibilidad, recepción y responsabilidad de un gobierno frente a una ciudadanía digital que necesita de una interseccionalidad de servicios rápidos y seguros. 

¿El gobierno abierto es inclusivo? ¿La brecha digital es un problema menor? Estas y otras preguntas desafían el vertiginoso avance hacia un gobierno 2.0.

No todo lo que brilla es oro

Si bien en América Latina se han implementado plataformas donde se expone información pública de interés ciudadano como canales de comunicación, trámites en línea, rendición de cuentas y un sin fin de opciones destinadas a que la ciudadanía interactúe con su gobierno a través de internet, salta a la vista una problemática bastante esencial: el desfasamiento generacional podría condicionar el derecho de acceso a la información pública, dejando rezagados de estos nuevos entornos de gobierno – y sus beneficios – a quienes apenas manejan un móvil, frente un mundo de posibilidades que se abre para las generaciones nativas digitales.

Según el Center for International Media Assistance (CIMA), el derecho al acceso a la información posibilita el proceso de construcción y consolidación de la democracia, además de abrir el camino para una ciudadanía activa que se apropia de la información y discusión constante de los temas que le interesan. Claramente es un beneficio, no obstante, la brecha digital sigue siendo una realidad ineludible que ahonda la distancia en el acceso, uso y apropiación de las nuevas tecnologías, en parte debido a clivajes socioeconómicos, de género, culturales, pero sobre todo generacional.

Viejos retos, nuevos escenarios

Pensar en soluciones de gobierno abierto a través de propuestas como Mi Argentina, coloca a una ingente cantidad de información y recursos que “optimizan” la gestión pública y sus servicios ciudadanos. Además genera fuertes incentivos en relación con la transparencia y rendición de cuentas, incluso según Open Government Partnership (OGP) el gobierno abierto merma seriamente la corrupción haciendo que los sistemas políticos sean más justos e inclusivos. Esto a claras luces es bastante beneficioso en el mejor de los casos, pero no debemos olvidar que el gobierno abierto no solo implica resultados sino también esfuerzos a nivel interno para el pleno goce de sus ciudadanos en cuanto información de todo tipo, es decir, potenciar habilidades – hoy por hoy – básicas.

El desarrollo de Habilidades Digitales Básicas (HDB) debe considerarse como una meta de política pública comprometida con el derecho de acceso a la información. Las HDB consisten en el conocimiento y buen uso de la información disponible en internet, identificando tanto los beneficios como los riesgos que esto implica. La alfabetización digital abre una ventana de oportunidades no solo respecto al acceso a la información, sino que posibilita la creación de redes, la asociación, la exigencia de derechos y la exposición pública de demandas sociales dentro y fuera de los países.

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La inclusión digital debe comprenderse bajo tres aristas: como acceso al entorno digital (acceso a internet), como alfabetización digital (competencia en el manejo de información) y como apropiación de tecnologías, lo cual propicia la inclusión, el desarrollo multidimensional del sujeto en sociedad y potencia a la ciudadanía activa desde la perspectiva de derechos que, a posteriori, dan sentido holístico a todas las iniciativas de gobierno abierto. Las soluciones innovadoras y esfuerzos reconocidos en esta esfera de la gestión son ciertamente un avance, pero la brecha digital aún yace como una amenaza latente. Este fenómeno social (a veces aparentemente superado y olvidado) profundiza la carencia de información y propicia la desinformación, dificulta la toma de decisiones y desplaza a quienes no tuvieron el capital cultural o tecnológico para una correcta adaptación.

El derecho al acceso a la información trasladada al ámbito digital, carece de un eslabón clave. No basta con garantizar la disponibilidad de la información pública en portales gubernamentales y la libertad de acceder a esa información en el mejor de los casos, cuando no contamos con mínimas condiciones técnicas disponibles ni con una correcta y adecuada alfabetización digital que prepare al ciudadano para hacer uso pleno de la información disponible que le resulte útil.

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