La pandemia evidenció las potencialidades del mundo digital y sus múltiples ventajas para garantizar derechos. En poco tiempo fuimos espectadores y receptores de la vertiginosa digitalización. Es así que actualmente Estado, sector privado y academia consolidaron el uso de aplicaciones, webs y plataformas para comunicar, interactuar con usuarios  y ofrecer servicios, y las personas utilizan estos entornos para acceder a la información, participar y ejercer su ciudadanía. ¿Pero las instancias de digitalización son accesibles e incluyen a todas las personas?

Partimos del acuerdo de que el mundo digital es un espacio importante para la participación ciudadana, sin embargo la equidad digital no se alcanza solo con la conexión a internet.  Es importante dar un paso más hacia entornos digitales accesibles para derribar las barreras presentes en el mundo digital que vulneran el derecho a acceder a la información, hacer uso de los servicios y a una participación autónoma. 

El término accesibilidad digital se refiere a que los entornos digitales deben estar desarrollados y diseñados de forma tal que permitan al mayor número de usuarios y usuarias acceder, en forma autónoma y con cualquier tipo de dispositivo (computadora, celular, tablet, entre otros), a la información y servicios disponibles en entornos digitales.

Un caso de ejemplo

En marzo de 2022, dos años después del comienzo de la pandemia, se realizó en Argentina el primer Censo Digital, una instancia fundamental para la recolección de datos utilizados principalmente para la planificación de políticas públicas. El trámite digital estaba compuesto por un formulario online para que la ciudadanía lo complete y de esa forma agilizar el proceso censal presencial. 

Desde su lanzamiento varias organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad (PCD), entre ellas la ADC, reclamaron la falta de criterios de accesibilidad en el formulario online. Algunas de las barreras identificadas fueron, por ejemplo, elementos mal etiquetados que impedían el acceso y navegación a través del teclado o lector de pantalla. También, tiempos límites muy acotados para completar el formulario y opciones poco claras de navegación.  

Además de vulnerar la autonomía de las PCD, la falta de accesibilidad digital las obligó a que tengan que compartir la información con terceros infringiendo su derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. 

Si bien a partir de los reclamos tanto la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) realizaron acciones para mejorar la usabilidad del formulario online, se evidenció que la perspectiva de la accesibilidad digital no estuvo presente en la planificación de una instancia primordial de participación ciudadana y acceso a derechos. 

¿Por qué los entornos digitales tienen que incorporar una perspectiva de accesibilidad digital?

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es el primer instrumento en reconocer, proteger y explicar a la accesibilidad digital como un derecho humano. En su artículo 9 sostiene que implica asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, como a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, en zonas urbanas y rurales. 

La incorporación de criterios de accesibilidad digital favorece el acceso directo al mundo virtual de todas las personas, sin mediación de terceros, permitiendo una mayor participación social, cívica y cultural. Es por este motivo que se vuelve indispensable que la dimensión de la accesibilidad esté presente desde el comienzo en todo desarrollo digital y que su planificación incorpore la mirada, experiencia y posicionamientos de personas diversas, incluidas aquellas con discapacidad y poco alfabetizados digitalmente. Este pequeño pasó nos acercará un poquito más a una equidad digital.