Como dice Mike Tyson: “Todo el mundo tiene un plan hasta que reciben un golpe en la boca”. Twitter, Facebook y Youtube tenían un plan para lidiar con los discursos violentos que las personas suelen propagar en sus plataformas. Donald Trump fue el golpe en la boca. Que el ex presidente de los Estados Unidos haya sido uno de los principales propagadores de discurso violento en las redes fue un fenómeno que sobrepasó a las plataformas. Su calidad de figura política era un factor que dificultó cualquier decisión sobre cómo enfrentar los insultos y mentiras publicadas en sus cuentas. Luego de diversas idas y vueltas acerca de cómo lidiar con los posteos de Trump, el asalto al Capitolio unificó el criterio. Las plataformas decidieron suspender y/o expulsar al expresidente para impedirle que continúe instigando a su público. 

Esta decisión fue criticada desde puntos de vista opuestos. Por un lado, fue reprobada por tardía. Se dijo que hubo varias instancias anteriores en las cuales las compañías podrían haber intervenido antes de que las cosas pasaran a mayores. Para esta postura, la prohibición debió haber llegado mucho antes. Al mismo tiempo, esta decisión también fue cuestionada por antidemocrática. Se señaló lo preocupante de que un puñado de actores privados haya expulsado a un líder político del principal espacio de comunicación de estos tiempos. De acuerdo a esta visión, la prohibición quizás no haya tenido que llegar nunca.

Trump fue el caso más extremo y peligroso, pero existen numerosos ejemplos de personas que ejerciendo una función pública han emitido discursos violentos. Nuestro país no es la excepción. En julio de 2021 se difundió un video de policías de la Provincia de Chubut cantando contra personas del movimiento piquetero. El por entonces ministro de seguridad de la provincia, Federico Massoni, publicó un tuit en donde reforzaba ciertos estereotipos contra quienes integraban esas organizaciones sociales. El ex ministro relativizó la conducta de la policía y recurrió a distinciones entre un “ellos” (piqueteros y piqueteras) y un “nosotros” (la ciudadanía) que suelen ser típicas de manifestaciones hostiles. 

Parece haber diferencias claras entre el impacto causado por el comportamiento de Trump y Massoni. Tal como lo describe el académico Richard L. Hasen en su libro, el expresidente de Estados Unidos emprendió una serie continua de ataques al sistema electoral de su país que ayudó a impulsar una insurrección violenta en el Congreso. Por el contrario, las declaraciones de Massoni no superaron el nivel de exabruptos sin consecuencias evidentes en la realidad. Desde una perspectiva de derechos, no es aconsejable equiparar ambas situaciones. La regla debería ser que medidas extremas como la expulsión de redes sociales solo debería tomarse en circunstancias excepcionales. En ese sentido, el diferente tratamiento a ambos casos está justificado.

Ahora bien, una crítica común a las decisiones privadas sobre moderación de contenido es su carácter ad hoc. Por ejemplo, la decisión de suspender a Trump llegó cuando la presión en EEUU para que las plataformas implementen esa medida era demasiado grande. Las plataformas tienen varios incentivos económicos para mostrarse receptivos a las demandas de las personas que usan sus servicios. Si existe un grupo lo suficientemente grande y activo requiriendo una determinada medida, es muy probable que la compañía cumpla con ese pedido. Desde esta perspectiva, quizás la distinción entre Trump y Massoni no se basó en una cuestión de principios sino en el hecho de que mucha gente pidió -probablemente de manera justificada- la expulsión del expresidente norteamericano mientras que las declaraciones del ex ministro chubutense no interesaron a casi nadie. 

La moderación de contenido tiene varios retos. Uno de los principales es demostrar que las decisiones tomadas por las compañías respecto a mensajes de figuras políticas no están influenciadas por conveniencias sociales o económicas. Quizás el fenómeno Trump fue realmente un hecho que descolocó por completo cualquier intento de recurrir a reglas previas. Sin embargo, esa imprevisibilidad no existe más. Cada vez hay menos razones para no exigir de las compañías decisiones fundadas en principios o estándares diseñados de manera coherente y general.