Vivimos en un momento de auge tecnológico: estamos constantemente en conexión. A pesar de los beneficios de la era digital, esto trajo aparejada una crisis en la protección de datos personales y la privacidad de los usuarios y las usuarias. Bajo sus políticas de consentimiento –que la mayoría no lee-, las aplicaciones de uso habitual recolectan y almacenan información incluso cuando no las estamos usando. 

La gravedad de esta infracción a la privacidad se ve incrementada cuando se usan estos datos para criminalizar conductas de las personas. Los casos en que las redes sociales y demás aplicaciones tuvieron gran incidencia en la prueba de delitos que se atribuyen a los usuarios y las usuarias se encuentran en aumento. En particular, en Estados Unidos hubo un crecimiento de casos vinculados con la reciente prohibición del aborto. Desde la Asociación por los Derechos Civiles observamos con preocupación esta problemática y nos proponemos visibilizarla. 

Nuestra salud como objeto de criminalización 

Recientemente fue noticia un caso en Nebraska, Estados Unidos, donde el Estado aseguró que una mujer compró a su hija una píldora para que esta se realizara un aborto. Los hechos fueron denunciados por una amiga de la joven, que la había visto ingerir el comprimido en abril.

El Estado solicitó a Meta (conglomerado estadounidense de tecnología y redes sociales) los chats privados mantenidos entre ambas mujeres a través de Facebook y esa fue la prueba determinante para llevar adelante el arresto de ambas en agosto. 

Esta situación empeoró desde que el fallo Roe v. Wade (que instauró al aborto como un derecho constitucional) fue dejado sin efecto en junio, pero no es un fenómeno nuevo. De hecho, un reporte del Washington Post señaló que hubo más de 60 casos donde se investigó y arrestó a individuos por someterse a abortos o por ayudar a otros a practicarlos, y “varios de esos casos han dependido de mensajes de texto, historial de búsqueda y otras formas de evidencia digital”.

Nuestros datos personales son recolectados muchas veces sin que estemos al tanto de ello. Incluyendo las aplicaciones de seguimiento del ciclo menstrual, cuyo uso se popularizó en los últimos años y recolectan información sumamente personal. En diciembre de 2018, la organización Privacy International expuso prácticas dudosas llevadas a cabo por algunas de estas apps, que compartían los datos de las usuarias y los usuarios con Facebook. Esta recolección de información indiscriminada tenía el objeto de lograr un mejor targeting según las preferencias o estados de ánimo de las personas, con fines publicitarios. Sin embargo, esta puede ser solicitada por los tribunales para utilizarla como prueba de conductas consideradas delictivas, como los abortos penalizados en el caso de Estados Unidos. Al mismo tiempo, surge una preocupación por parte de activistas que denunciaron que compañías que almacenan información (llamadas también data brokers) ofrecieron la venta de datos acerca de la ubicación de usuarios que visitaron clínicas de aborto. 

Todas estas herramientas utilizadas en conjunto ayudan a que las fuerzas policiales investiguen e imputen a las personas que buscan abortar y a sus respectivas redes de apoyo, lo cual cada día es más usual en Estados Unidos desde mediados de este año. 

¿Por qué nos importa?

Esta problemática puede parecer lejana a nuestro país, donde el aborto fue legalizado por el Congreso en 2020. Sin embargo, esta discusión se vuelve cada vez más importante a medida que los Estados avanzan hacia la digitalización de sus sistemas de atención médica y más personas eligen administrar su salud (en especial, la salud reproductiva) a través de medios digitales. Todo esto en un contexto donde, aún con la nueva ley argentina, continúan existiendo resistencias y hostigamientos hacia las personas que desean abortar.

La medida en que las empresas y aplicaciones respetan la privacidad y comparten los datos de los usuarios con terceros, incluido el Estado mismo, es motivo de gran preocupación. Resultan alarmantes los daños que podrían causar la recolección y almacenamiento de datos de los usuarios para la imputación de otros hechos que sí son considerados delitos en nuestro país.  

Todo esto hace que sea necesario potenciar el debate sobre estas temáticas y preguntarnos si la solución se encuentra en promover legislaciones actualizadas sobre la privacidad, especialmente en cuanto a la salud reproductiva, para proteger nuestros datos de la explotación por parte de empresas y del Estado.