La semana pasada, la vicepresidenta Crisitina Fernández de Kirchner sufrió un ataque que pudo haberle costado la vida. El agresor resultó ser una persona cuya actividad en redes sociales exhibía muestras de simpatía a grupos violentos y extremistas. Como consecuencia del lamentable suceso, se puso el foco en el rol de los llamados discursos de odio como generador del tenso clima que se vive en Argentina. Desde diversos sectores se reclamó que el debate político deje de estar dominado por declaraciones violentas y adquiera tonos más mesurados. Sobre este escenario, volvió a instalarse la posibilidad de que el Estado combata los discursos de odio a través de la regulación legislativa. Frente a estos posibles nuevos intentos, es conveniente resaltar algunas de las dificultades que aparecen para la libertad de expresión cuando se enfrenta este problema desde una perspectiva punitiva.

Una característica estructural de una sociedad es el desacuerdo que existe entre las personas sobre todos los temas. La gente discrepa sobre cuestiones banales como cuál es el gusto de helado más rico o cuál es la plaza más linda de una ciudad. Pero también discute sobre asuntos más serios como el rol del Estado en la economía o quién es la persona más capacitada para ocupar la presidencia de un país. La definición de discurso de odio no escapa a esta condición. Así como la gente tiene diferentes visiones acerca de qué es el amor, es muy probable que también la tenga acerca del sentimiento opuesto. Cualquier declaración, comentario o posteo puede ser considerado ofensivo de acuerdo al contexto. Esta circunstancia suele recibir poca atención cada vez que existen intentos regulatorios para combatir los discursos de odio. Y esta ausencia de consideración puede producir efectos no deseados desde un punto de vista democrático.

En primer lugar, por más esfuerzo que se ponga en describir de manera precisa lo que entendemos por discurso de odio en una norma, las palabras elegidas siempre estarán sujetas a interpretación. Por lo tanto, el sector que cuente con el mayor poder en un momento dado será aquel que tendrá la capacidad para influenciar el contenido de esas disposiciones. De este modo, existe el riesgo de que legislaciones de este estilo sean utilizadas por el sector político dominante para restringir las expresiones de otros actores con una visión distinta.

En segundo lugar, si se elige un camino punitivista para combatir los discursos de odio (sea a través de prisión o multas para quien emita o difunda expresiones de ese estilo), dichas medidas deberán ser adoptadas por el Poder Judicial de acuerdo al principio de separación de poderes establecido en nuestra Constitución. Por lo tanto, la última palabra sobre qué es y qué no es discurso de odio estaría en manos de los jueces. Curiosamente, esta situación no sería bien vista por aquellas personas que acusan al propio Poder Judicial de ser uno de los actores que más contribuyen al clima de tensión política que se vive en el país.

Por último, quedaría por analizar el estatus de múltiples obras artísticas que podrían ser calificadas como incitadoras de odio político. Pensemos en “Derrumbando la Casa Rosada”, canción de Alerta Roja, banda pionera del punk argentino. Además de la frase del título, la letra incluye frases como “Trincheras callejeras, barricadas urbanas, caos, sedición, bomba, revolución” en el marco de una queja por lo “lejos que se está llegando con este proceso inflacionario”. La canción es de comienzos de 1983 cuando la última dictadura estaba en retirada pero la persistencia de algunos problemas de nuestra economía nos hace pensar que podría haber sido escrita en varios otros momentos de nuestra vida democrática.

Los llamados discursos de odios están ligados con fenómenos repulsivos como la xenofobia, el racismo, la homofobia y demás formas de discriminación. A su vez, los últimos actos de violencia contra figuras políticas de la región -desde Jair Bolsonaro hasta Cristina Fernández de Kirchner- no reconocen ideologías. Como todo problema, debe ser abordado y solucionado. Pero es necesario una investigación y análisis sobre las causas y los medios más eficaces. Las regulaciones punitivistas suelen tener los inconvenientes señalados ya que más que combatir los discursos de odio, dejan traslucir más bien un odio al discurso.