Las redes sociales son uno de los medios por los cuales la política y la ciudadanía dialogan y se mantienen en contacto. Tanto es así que hoy en día referentes políticos efectúan anuncios de gran importancia a través de sus cuentas oficiales de Twitter, Instagram y YouTube, entre otras. Allí no solo informan sobre sus actos de gobierno, sino que también reciben comentarios, reclamos o quejas de sus seguidores.

Es cierto que esta interacción está lejos de ser perfecta en términos de calidad de la conversación. Por un lado, no hay certeza de que sean los mismos políticos o políticas quienes manejan sus cuentas. Más bien es posible que detrás de muchas de ellas se encuentren community managers que están a cargo de publicar los posteos y revisar las respuestas. Por otro lado, el formato dificulta que se lleve a cabo un intercambio continuo, razonado y profundo. En este sentido, los encuentros presenciales siguen llevando la ventaja.

Si bien el discurso violento no es un fenómeno reciente, el crecimiento de las redes sociales permitió que su ejercicio se extienda a nuevas dimensiones. Este ámbito tiene características únicas, principalmente vinculadas a la inmediatez de las comunicaciones, la amplitud del alcance y la facilidad con la que se permite a la ciudadanía participar. Sin perjuicio de los diversos beneficios que trae para el debate político en el sistema democrático, estos ámbitos permiten que los discursos violentos tengan un alcance más amplio.

El vínculo entre representantes y personas representadas es una preocupación constante para toda democracia. Votar cada cuatro o dos años no parece ser una medida suficiente para que la ciudadanía pueda controlar y exigir explicaciones a sus gobernantes. Las personas deberían estar en comunicación permanente con las autoridades para que el ideal del autogobierno tenga probabilidades de realizarse plena o parcialmente.

Sin embargo, esto se ve opacado cuando ciertas discusiones en redes sociales que tienen como protagonistas a figuras políticas adquieren un tono violento. Los funcionarios y funcionarias en muchas oportunidades son receptores de amenazas, insultos o descalificaciones de alta intensidad. Pero a veces ellos y ellas también emiten esta clase de mensajes. Frente a este panorama, existe un debate en vigencia acerca de cuál es la mejor forma de abordar esta situación desde el punto de vista normativo.

Existe un principio bastante arraigado de que las personas que ocupan cargos públicos deben soportar un mayor nivel de cuestionamientos que una persona común. El motivo es la necesidad de preservar un ambiente que incentive la expresión ciudadana en asuntos públicos. A través de la garantía de que sus críticas no se verán amenazadas de sanción, las personas no tendrán temor de manifestar sus opiniones sobre sus representantes. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esas críticas se refieren a, por ejemplo, el género o el peso corporal del político o política? Uno podría replicar que la protección de la ley no debería extenderse a descalificaciones personales. 

Si miramos el otro lado de la moneda, nuestras intuiciones nos dicen rápidamente que sancionar o restringir el mensaje de una persona vinculada a la política debe ser considerado un ejemplo claro de censura. Además, es una medida que afecta de manera central la capacidad de la ciudadanía de acceder a lo que piensan sus representantes. Sin embargo, ¿qué sucede cuando quien lidera un espacio político emite discursos que afectan la dignidad o seguridad de una persona o de un grupo determinado? Otra vez uno podría argumentar que estos casos merecen un tratamiento específico y diferente a la regla general.

Dilemas de este estilo se han vuelto habituales en la moderación de contenido. Si la solución es compleja, la única forma de generar legitimidad por parte de las compañías es demostrar que sus decisiones no están basadas en conveniencias políticas o en la presión del momento. Por lo tanto, las plataformas deben continuar sus esfuerzos por desarrollar procesos de toma de decisiones que sean consecuentes y estables.