¿Qué pasa cuando las redes sociales median la conversación entre la política y la ciudadanía?

Uno de los secretos políticos mejor guardados en los últimos años fue el anuncio de la candidatura Alberto Fernández-Cristina Fernández para las elecciones 2019. Así, de un día para el otro y sin información filtrada, la entonces ex presidenta anunciaba por Twitter y YouTube el lanzamiento de la fórmula que sería la gobernante durante los siguientes cuatro años. A pocos meses del arranque de la campaña presidencial 2023 todavía hay pocas definiciones de nombres. Pero nada cancela la posibilidad de que nuevamente surjan anuncios a través de las redes sociales, plataformas que llegaron para dar un sacudón al discurso político y colarse en las conversaciones de la ciudadanía. Pero, ¿qué pasa cuando las redes sociales median la conversación entre la política y la ciudadanía? ¿Se trata de una conversación entre todos o entre unos pocos?

Ya sabemos que para mantenernos informados e informadas los medios de comunicación ocupan un lugar primordial. Sin embargo, hace ya varios años que las redes sociales vienen arrasando y ocupando un lugar central en cómo nos mantenemos al día con las noticias. La necesidad de recurrir a un o una periodista para dar una primicia quedó aplastada por el micrófono que otorgaron las plataformas a los políticos y políticas que tienen miles de personas seguidoras (y detractoras) que siguen y likean de manera diaria. Un aviso, un anuncio, un clic, publicado.

El vínculo entre la política y la ciudadanía se estrechó. Este canal de comunicación directo –  aunque no sin intermediarios – buscó democratizar la conversación. Llevar el mensaje de uno a todos. Es indudable que a través de las redes sociales, no solo la política le habla al pueblo, sino que ahora el pueblo le contesta, algo impensado en la prensa tradicional. En este espacio digital es donde se gesta un lugar en el que la ciudadanía participa de conversaciones con sus propios representantes. No nos olvidemos que la democracia y el respeto de los derechos fundamentales legitiman el ejercicio de poder de la ciudadanía. Y el acceso a la información es, sin dudas, un derecho fundamental en cualquier democracia como la nuestra.

A partir de esta conversación directa las personas pueden opinar con sustento e información de primera mano. Pueden llevar adelante su ejercicio democrático de la participación política en el espacio cívico. Aquí es donde el derecho a la información como un ejercicio de derecho colectivo, ya no tanto individual, cobra un carácter público o social. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, incluyendo el investigar y recibir información y opiniones sin limitación de fronteras.

Visto desde este punto de vista, las redes se presentan como un espacio donde el debate democrático se da casi libremente, teniendo en cuenta que aún persisten problemas debido a la discrecionalidad con la que las plataformas moderan su contenido. Sin embargo es imposible ignorar que aún hoy en día una gran parte de la población no tiene acceso a Internet. Según un estudio de INDEC del 2021, el 64,2% de los hogares urbanos tiene acceso a una computadora y el 90,4% a internet. Esta realidad es muy diferente si se tienen en cuenta a las zonas rurales y a la totalidad del territorio argentino. Un informe del INTA y el ENACOM en 21 provincias demostró que cuatro de cada 10 parajes rurales no tienen acceso a internet y que la gran mayoría de ellos pertenece a la agricultura familiar. Además develó que mientras menos habitantes hay en una zona, menos acceso a la conectividad tiene.

Yendo un poco más allá, otro estudio privado explica que un 80% de la población argentina tiene presencia en internet. Esto significa que un 20%, casi 13 millones de personas, no tiene acceso a la web, por lo que no tiene acceso a la información distribuida por las redes y mucho menos acceso a la participación de discusiones políticas en entornos digitales. Entonces, ¿estamos hablando de una democracia digital para unos pocos o para todos?

Según las Naciones Unidas, el derecho al acceso a Internet “garantiza la conectividad, el acceso a infraestructura y a servicios servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de manera equitativa, económicamente accesible y con una calidad adecuada”. Se entiende a estas tecnologías como elementos clave en la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet, siendo la libertad de expresión y el acceso a la información pilares fundamentales. Sin embargo queda claro que este derecho todavía no alcanza a toda la ciudadanía argentina y que es un factor de desigualdad.

Este 2023 sin dudas va a traer (y ya lo hace) anuncios políticos de distinto tono e importancia. Hoy por hoy no hay político o política argentina que no use las redes sociales como espacio de interacción directa con la ciudadanía. La militancia de la calle, cuadra por cuadra, se convirtió en la militancia digital, clic por clic. La brecha se acortó y el discurso se amplificó. Pero el acceso a Internet sigue siendo un factor de exclusión para muchos. Si los debates políticos se dan en un entorno al que no accede toda la ciudadanía en igualdad de condiciones, entonces las conversaciones se dan entre unas pocas personas.