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Violencia política por razones de género en internet: una problemática que no cesa

Violencia política por razones de género en internet: una problemática que no cesa

Marianela Milanes | 14/09/2021

Seis años pasaron desde el 3 de junio en que el movimiento Ni una Menos copó -por primera vez-  las calles de Argentina para reclamar por medidas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia de género. Aunque mucho se avanzó desde entonces, esta problemática no se detiene. El año pasado la cantidad de denuncias por situaciones de violencia de género psicológica, física, sexual, económica y/o simbólica aumentó un 25 por ciento -con respecto al mismo periodo anterior- durante el confinamiento dispuesto para contener la expansión del Covid-19. Esta cifra expuso que el ámbito doméstico continúa siendo el más peligroso para muchas mujeres, pero no es el único.

La violencia por razones de género se manifiesta en distintos modos y ámbitos de la vida social, afectando a mujeres y niñas tanto como a personas LGTBIQ+. Nuestro país cuenta con un vasto marco normativo dedicado a su abordaje, donde la Ley Nº 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ambitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, tiene un lugar central. A fines de 2019 dicha ley fue modificada con el fin de dar cuenta de un tipo y modalidad de violencia de género en particular, la política. De este modo Argentina se sumó a los esfuerzos regionales por combatir este grave problema, muchas veces invisibilizado.

Varios estudios regionales1 demuestran que a medida que aumenta el liderazgo y la participación de mujeres y personas LGTBIQ+ en la esfera pública y política, las barreras estructurales y la violencia en torno al género aparecen con mayor fuerza. En un país como Argentina, donde aún es necesario disponer de leyes que aseguren la incorporación de las mujeres en el terreno de la política, abordar los desafíos para su permanencia y mayor inclusión se vuelve extremadamente necesario y urgente. Obstaculizar el disfrute de una vida política libre de violencia, la participación en los asuntos públicos y políticos en condición de igualdad con los varones, constituye una grave violación a los derechos humanos de las mujeres y personas LGTBIQ+, que deteriora a la cultura democrática.

En el contexto actual, el uso extendido de internet y las redes sociales continúa cambiando la percepción de la política y nos empuja a considerar -cada vez más- esta problemática desde una perspectiva digital. 

La violencia política por motivos de género en general y cuando se produce a través de internet en especial, es objeto de varias iniciativas a nivel nacional que impulsan organismos como la Defensoría del Público y la Cámara de Diputados de la Nación y organizaciones de la sociedad civil, como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Esta última, con el objetivo de contribuir a la conceptualización de la problemática y aportar evidencia empírica para su análisis, realizó en 2018 un estudio de percepción e incidencia de violencia contra las mujeres en política y un año después publicó una investigación focalizada en las redes sociales, habilitando el debate para la reforma de la Ley Nº 26.485 antes mencionada. Es importante resaltar ciertos resultados alarmantes que ilustran la problemática: 8 de cada 10 legisladoras encuestadas afirmaron haber vivido situaciones de violencia de género a lo largo de sus carreras políticas y en relación al lugar en donde se produjeron esas agresiones, el 71 por ciento de ellas mencionó a internet.

A nivel regional, Al Sur -un consorcio de organizaciones que trabajan en la sociedad civil y en el ámbito académico en América Latina, que busca con su trabajo conjunto fortalecer los derechos humanos en el entorno digital- publicó recientemente un nuevo informe sobre la violencia política de género en internet. Tomando como punto de partida las importantes iniciativas y estudios llevados adelante por organizaciones que se ocupan de derechos humanos en el entorno digital, la publicación tiene por objetivo ampliar esos esfuerzos, aportando una mirada regional a la problemática. Brindando a su vez, recomendaciones al sistema de justicia electoral, a las plataformas de internet, a candidatas, partidos políticos y sociedad civil, para que esta tendencia que atenta contra un sistema político más diverso y plural sea combatida con la debida atención.

Siguiendo entonces el contenido de la publicación de Al Sur, comprender la diversidad de ataques y sus interseccionalidades, es un paso necesario para poder nombrar e identificar el problema para luego documentar, denunciar y buscar alternativas técnicas o jurídicas para su abordaje. La violencia política por razones de género puede tomar variadas formas a través de internet, por nombrar algunas: la desinformación, violaciones a la privacidad, ofensas, amenazas, invasiones y censura, son apenas algunas de las categorías principales que pueden usarse para catalogarla. 

Sin embargo, con independencia de las formas en que la violencia política por razones de género en línea puede tener lugar hoy y en el futuro, dos cuestiones parecen evidentes: este fenómeno puede parecer novedoso pero no es de  nueva especie y tiene consecuencias negativas muy graves. 

En anteriores oportunidades, la ADC ha señalado que la violencia ejercida contra mujeres, niñas y personas LGTBIQ+ a través de medios digitales, no es un fenómeno de nueva especie sino que se manifiesta como un correlato de la violencia de género presente en nuestra sociedad. 

La violencia política por razones de género en línea genera riesgos y afectaciones reales. Se ha comprobado que tras sufrir agresiones por redes sociales, las mujeres suelen reducir, pausar o detener por completo su presencia en ellas. Además de padecer daños psicológicos y emocionales, que con frecuencia llevan a la autocensura y hasta el abandono de sus carreras políticas. 

El espacio cívico es central y necesario para toda sociedad democrática y significa que el Estado tiene el deber de proteger a las personas, mientras respeta y facilita sus libertades fundamentales de asociación, reunión y expresión. El espacio cívico virtual permite a las personas formar asociaciones, reunirse para deliberar sobre cuestiones de interés público y participar en los procesos de toma de decisiones públicas. Las compañías privadas también tienen el deber de respetar los derechos humanos de las personas, actuando con responsabilidad mediante la debida diligencia. 

Promover un espacio cívico amplio,  inclusivo  y seguro en internet es deber estatal y también empresarial. Esta obligación implica asegurar la libertad de expresión de las personas usuarias, garantizar las condiciones favorables para la creación de grupos en línea y permitir el ejercicio del derecho de protesta en Internet, sin discriminación alguna. Representa ante todo, el compromiso por garantizar una vida libre de violencias en el ámbito público y privado, donde las mujeres, niñas y personas LGTBIQ+ puedan acceder y ejercer plenamente sus derechos fundamentales, también en los entornos digitales.

1 Archenti, Nélida y Albaine, Laura (2013) “Los desafíos de la paridad de género. Tensión normativa y violencia política en Bolivia y Ecuador”.
Archenti Nélida y M. Inés Tula (comps.) (2014) “Acoso y violencia política en razón de género. Un estudio sobre América Latina. Nuevas normas, viejas prácticas” en La representación política imperfecta. Logros y desafíos de las mujeres políticas.