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La protección del espacio cívico en línea

Un repaso a las amenazas actuales a la libertad de expresión en Internet

“Espacio Cívico En Línea” es un micrositio de la Asociación por los Derechos Civiles destinado a analizar los sucesos nacionales, regionales e internacionales que impactan en la habilidad de la ciudadanía para expresarse, asociarse y reunirse mediante Internet.

Los gobiernos y las compañías privadas tienen el deber de promover un espacio público amplio y robusto en el ciberespacio. Esta obligación implica asegurar la libertad de expresión de los usuarios y usuarias, garantizar condiciones favorables para la creación de grupos en línea (libertad de asociación) y permitir el ejercicio del derecho de protesta en Internet (libertad de reunión).

Sin embargo, existen amenazas públicas y privadas que están afectando la forma en que las personas opinan, buscan o reciben información. Por un lado los Estados utilizan la coyuntura para avanzar con políticas que fomentan la vigilancia y la represión de voces disidentes. Por otro lado, las grandes plataformas han adquirido una influencia tan grande que su poder entra en tensión con intuiciones básicas sobre cómo debería funcionar una democracia. Esta situación requiere la máxima atención por parte de la sociedad civil y las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos en el ámbito digital.

¿Qué está afectando al espacio cívico en línea?

Criminalización del discurso en línea

En Argentina y la región, la pandemia del Covid-19 dio lugar al inicio de procesos judiciales contra personas por comentarios hechos en redes sociales. La mayoría de estas acusaciones estuvieron basadas en el delito de “intimidación pública” o similares. El uso masivo de este tipo de figuras penales es injustificable ya que restringe intensamente el derecho a la protesta. A lo largo de la historia, la idea de peligro o riesgo de violencia de alguna expresión fue utilizada por los gobiernos para reprimir discursos críticos y disidentes.

Inteligencia y monitoreo policial de redes sociales

La investigación y acusación de personas por comentarios en plataformas no pueden tener lugar sin que las fuerzas de seguridad hagan tareas de inteligencia en redes sociales. Esta actividad es conocida coloquialmente como ciberpatrullaje y su peligrosidad para la creación de un ambiente libre en internet resulta clara. Por un lado, legitima la prevención policial de expresiones, no de conductas. Por el otro, su secretismo dificulta un control ciudadano del accionar policial. Los comentarios de las personas no deberían ser objeto de vigilancia o monitoreo encubierto por parte de las autoridades

Concentración del poder de decisión en compañías privadas

Las grandes plataformas afirman que buscan alinear sus políticas a los estándares de derechos humanos. Sin embargo, esta aspiración se verá frustrada si no hay una desconcentración del poder que las empresas mantienen actualmente respecto a las decisiones sobre moderación de contenido. Un cambio de las reglas sin alterar la actual asimetría de poder solo puede incrementar la influencia del sector privado e impedir que las personas tengan un rol central. Es necesario promover modelos de moderación de contenido en el cual la intervención de las personas sea significativa.

Inclusión y diversidad

La participación en la vida pública es un principio fundamental de los derechos humanos. En este sentido, el fortalecimiento de la democracia representativa en el contexto de sociedades plurales depende de una participación ciudadana amplia. En la actualidad internet, las redes sociales y las tecnologías digitales ofrecen oportunidades para que las personas formen parte del debate público pero también suponen desafíos para garantizar la participación y deliberación de una base social amplia.

Promover la protección de espacio cívico en línea también significa fomentar la diversidad y la inclusión mediante:

La transformación de las desigualdades estructurales y las brechas digitales existentes, que dificultan el acceso y permanencia de personas y grupos sociales históricamente marginalizados.

La prevención, mitigación y erradicación de toda forma de discriminación y violencia digital.

La garantía de condiciones favorables para que todas las personas puedan disfrutar de los DD.HH en el entorno digital en forma segura.

¿Qué está haciendo la ADC?

En tanto no exista una ley específica, ningún protocolo del Poder Ejecutivo que regule actividades de inteligencia en redes sociales (o ciberpatrullaje) puede ser considerado constitucional.

Por esta razón, en abril de 2020 ADC publicó un documento que fue compartido con el Ministerio de Seguridad de la Nación,legisladores y legisladoras. Allí se sostuvo que es indispensable la intervención del Congreso para debatir de manera amplia la creación de un marco regulatorio que evite abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, ADC monitorea la situación en todo el país para recopilar casos de personas que son sometidas a causas judiciales por comentarios o información que postean en redes sociales.

Finalmente, se procura incorporar una perspectiva de inclusión y diversidad en todo el trabajo. A través de reportes, entrevistas y presentaciones ante organismos, ADC aboga por una sociedad inclusiva, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.

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